El nuevo plan de ahorro energético es un paquete de medidas con el que Bruselas busca reducir el consumo energético en Europa. Esta impulsado por el gran miedo a que Rusia corte totalmente el paso de gas a Europa. La UE tiene como objetivo llenar los almacenes de gas al 80% antes de que llegue el otoño.
Desde Energy Aid nos comprometemos con el fomento de la cultura energética, este artículo se irá actualizando con todos los posibles cambios del plan de ahorro energético.
¿Quiénes se ven afectados?
Principalmente el plan de ahorro energético afecta a los edificios que tengan usos administrativos (públicos o privados), comerciales (tiendas, grandes almacenes, supermercados, centros comerciales), a la hostelería, a espacios culturales como cines, auditorios o centros de congresos, y a edificios relacionados con el transporte de personas, como estaciones y aeropuertos.
Por el momento no afecta a los hogares, aunque esto podría cambiar en un futuro cercano.
¿Qué medidas incluye?
- Plan 2030 con mayor almacenaje en energía fotovoltaica y otras renovables
- Apagar luminaria de locales y edificios públicos a las 22h
- Calefacción máximo a 19º y refrigeración máximo a 27º
- Medidas obligatorias de ahorro en luminaria, cartelería, etc.
- Hasta el 30 de Septiembre máximo para instalar cierres automáticos en puertas
- Revisión de calderas hasta el 31 de Diciembre de 2022 si no está realizada desde el 1 de Enero de 2021
- Recomendación Teletrabajo (ahorro en desplazamientos)
¿Hay excepciones?
Sí. Las condiciones laborales están por encima del plan de ahorro energético y siempre tienen que ser respetadas. También, quedan excluidos los centros de formación (universidades, colegios, guarderías), centros sanitarios y hospitales, peluquerías y lavanderías, gimnasios, medios de transporte (trenes, barcos, aviones) o las habitaciones de los hoteles.
Los que tienen un autoconsumo real también queda exentos de cumplir en plan de ahorro energético.
¿Me pueden multar por incumplirlas?
Si, aunque todavía no está mencionado directamente en el nuevo mandato. Lo único que señala es que se aplicará lo establecido en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), que a su vez remite a la Ley de Industria de 1992. Esta fija multas de hasta 60.000 euros para las infracciones leves, un máximo de seis millones para las graves y de 100 millones para las muy graves. Las responsables son las comunidades autónomas.